La Senadora Sasil de León presentó una iniciativa que pretende acotar derechos y privilegios a las aerolíneas, y con ello eliminar las prácticas abusivas que persisten, como problemas al abordar, cambios de horarios o retraso en los vuelos, así como devoluciones o bonificaciones y cobros indebidos; aún y cuando se pretendieron corregir con las reformas a la Ley de Aviación Civil publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Expusó que aún existen múltiples quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor, lo que denota el incumplimiento por parte de la aerolíneas o concesionarias a estos servicios.

En este se sentido destacó que desde el 2017, hubo un incremento del 62.5% en la presentación de quejas, ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre los reclamos más comunes destacaron, que las aerolíneas se negaron a entregar algún producto o servicio, o a aprobar un cambio o devolución; por incumplimientos de plazos para la entrega de algún producto o servicio; o que rechazaron devolver un depósito u ofrecer algún tipo de bonificación que solicitaba el consumidor o usuario.

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“Por lo anterior se denota que las aerolíneas siguen con una persistencia reiterada con el incumplimiento a la Ley de Aviación Civil en especial a la prestación de servicios al usuario” declaró la Coordinadora del PES en el Senado de la República.

Es por ello que esta iniciativa también busca proteger la economía de las personas adultas mayores y con discapacidad para que tengan derecho a que se les asigne un asiento y atención preferencial; se les otorgue un descuento de hasta el 25% en el pago de servicios;podrán solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique a la aerolínea con al menos cuarenta y ocho horascontadas a partir de la hora de la compra del boleto y permitirle transportar como mínimo y sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje.

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Finalmente ante el incumplimiento por parte de las aerolíneas en la calidad de sus servicios, De León Villar reafirma que es necesario llevar a cabo las reformas que se proponen, y así lograr el respeto a los principios de calidad y eficiencia que son catalogados como un derecho humano.