Chilón y Sitalá piden elecciones mediante sistema jurídico tseltal

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y Sitalá recordaron que desde hace dos años el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no ha atendido la solicitud que hicieran para poder ejercer su derecho a elegir sus autoridades mediante un sistema jurídico tseltal, lo cual se encuentra respaldado en el Artículo Segundo de la Constitución.

En un comunicado de prensa, aseguran que en 2018 se emitió una sentencia que reconoce su derecho a la libre determinación, el cual para poder ejercerlo se indicó la elaboración de un Estudio Cultural y más adelante realizar la Consulta ciudadana en los municipios para decidir el cambio de sistema de elección de las autoridades de gobierno.

“El encargado de realizar el Estudio Cultural sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en vinculación con el IEPC. Después de meses, de acuerdo a sus protocolos, se pudo iniciar este estudio en el municipio de Chilón, pero las autoridades del ayuntamiento local han hecho todo lo posible por truncar este derecho”.

El Gobierno Comunitario enumera una serie de actos violentos en su contra, uno de los más recientes el 8 de junio de 2019 cuando las autoridades municipales y ejidales de San Sebastián Bachajón, convocaron a una reunión para desprestigiar y reprimir la búsqueda del ejercicio de la libre determinación.

“El bloqueo, por medio de actos violentos, de la ruta del Estudio Cultural por parte de líderes políticos y militantes de partidos junto con personajes de la estructura del ayuntamiento municipal del 10-12 de agosto, concluyendo con la retención del antropólogo Héctor Ortiz (INAH), Horacio (IEPC) y Alfonso Girón (traductor), obligándoles a firmar de desistir de este Estudio Cultural y el compromiso de no denunciar este hecho”.

Por lo anterior solicitaron a los gobiernos Federal y Estatal proporcionen las condiciones necesarias para el cumplimiento de la Sentencia emitida por los tribunales. Que se emitan medidas cautelares para los miembros de gobierno comunitario y sus comunidades. Se investigue y se haga justicia ante la violación y bloqueo de los derechos humanos y colectivos realizados por líderes y autoridades políticas del ayuntamiento actual.

“Respeto a los derechos de los pueblos originarios y a las personas pertenecientes a Gobierno Comunitario. Detener la campaña de violencia y represión dentro de las comunidades. Los miembros de Gobierno Comunitario emprendimos esta lucha conocedores de nuestros derechos, así como de la realidad de pobreza, violencia, represión y corrupción en el que mantienen a nuestra gente”, concluyeron.