Debatible proceso de remoción de director de Obra en SCLC, reconoce regidor

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Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El segundo regidor el Ayuntamiento de esta ciudad, Guillermo Gómez Loarca, reconoció que es debatible el proceso de remoción del director de Obra Pública Municipal, Gerardo Gómez Sántiz, por lo que posiblemente, en caso la parte afectada así lo requiera, que los tribunales federales lo reinstalen en el cargo.

En entrevista, dijo que mientras no se apruebe el acta de Cabildo de la Sesión Extraordinaria del pasado 12 de febrero, la remoción carece de validez, por lo que sus compañeros regidores deberán analizar si lo hacen y con ello prevenir un problema legal para el Municipio, aunque argumentó que la relación laboral no es funcionario-presidenta, sino con el Ayuntamiento que está integrado por síndico y regidores.

Tras la polémica Sesión del 12 de febrero, se argumenta que la votación fue ilegal, cuestión que el segundo regidor dice reconocer como abogado, aunque como funcionario público su postura es otra, por lo que Gerardo Gómez Sántiz fue nombrado encargado de despacho de la Dirección de Obra Pública Municipal.

Y es que el 29 de enero, en una entrevista con quien suscribe Guillermo Gómez reconoce que la remoción del cargo es una facultad exclusiva de la figura de presidente municipal, pero en la Sesión del 12 de febrero, se pronunció a favor de votar la remoción del funcionario a petición de la regidora Rosalinda Santiago, lo cual no está dentro de sus facultades según la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno.

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EL CONTEXTO

El 28 de enero en Sesión Ordinaria de Cabildo, Guillermo Gómez, pidió la remoción de los funcionarios municipales de Obra y Cultura debido a diferentes irregularidades detectadas en la Glosa del Informe del Primer Año de Actividades. Tras la solicitud correrían 15 días naturales para que la presidenta municipal diera una respuesta, que incluso pudo ser por escrito, sin embargo se llamó a una Sesión Extraordinaria.

Para Gómez Loarca hay elementos suficientes para destituir del cargo al funcionario, hoy encargado de despacho, por no contar con cédula profesional (pese a que en octubre de 2018 votó a favor del nombramiento), así como diversas irregularidades como la construcción ilegal de un relleno sanitario en la comunidad de El Aguaje, entre otras.

Pese a que la presidenta municipal pudo contestar la petición de remoción por escrito, se realizó una Sesión Extraordinaria y ante la distracción que provocaron las regidoras Linda Higuera y Rosalinda Santiago, donde se sacaron “los trapitos al sol” con Jerónima Toledo, en plena Sesión de Cabildo, la secretaria municipal se equivocó y llevó a cabo la votación, a pesar de que los puntos del orden del día ya se habían agotado.

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Ahora se encuentran a la espera de que se realice otra Sesión, aprobar el acta y esperar el amparo de Gerardo Gómez ante los tribunales, donde posiblemente sea reinstalado en su cargo, “hasta donde tengo entendido seguirá como encargado de despacho”.

REGIDORES PODRÍAN CORREGIR EL PROCESO “ILEGAL” DE REMOCIÓN

“Es debatible, efectivamente sigo pensando, que en un inicio la facultad para poder proponer al Cabildo la remoción o contratación de cualquier servidor público es de la presidenta, así lo dice el Artículo 45 de la Ley de Desarrollo Constitucional, no estoy inventando nada, pero la misma ley dice que el Cabildo es un órgano deliberante y que la máxima autoridad en el Municipio es el Ayuntamiento”, reconoció.

Explicó que él no propuso la situación de la votación, sino fue una regidora de quien respetó su propuesta, “pero también respeto que si se toma en cuenta eso, yo en ese momento puedo dar mi opinión y si yo estoy proponiendo su destitución, sería contradictorio que yo votara a favor de que se quedara, porque yo estoy dando elementos, considero, suficientes para que la presidenta tomara la decisión”.

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“Para algunos el procedimiento puede estar viciado, para otros puede ser convincente, yo me quedo con el hecho de que una mayoría de Cabildo habló y habló muy fuerte y determinó que este servidor público no podía tener una relación laboral con el Ayuntamiento”.

Cuestionado sobre si la decisión de los regidores podría traer problemas legales, dijo que todo depende de quien se sienta ofendido o perjudicado. “Tienen los alcances legales para dar efecto retroactivo a esa determinación de Cabildo, problemas legales, en términos de mis atribuciones, probablemente yo los tenga, pero tendré la posibilidad de exponer mis argumentos”.

Finalmente, no descartó que el acta de Cabildo del 12 de febrero no sea aprobada, “si algún compañero considera que sería bueno echar para atrás esa deliberación, es válido”.