Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dio a conocer que ha recibido una serie de denuncias sobre tortura y tratos crueles al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 14 “El Amate”, y cuando han acudido para entrevistarse con al menos 6 de los afectados, se les ha negado la entrada.

Y es que han solicitado mediante un oficio el acceso al penal, los defensores se identificaron, pero el director de El Amate, Juan José Trujillo Cruz, negó también la posibilidad de que las entrevistas se hicieran en los locutorios, esto ocurrió el 31 de enero del presenta año.

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Para el 4 de febrero, el Frayba solicitó la autorización, por segunda ocasión mediante escrito, pero las autoridades penitenciarias del Estado de Chiapas volvieron a rechazar la petición.

Posteriormente, el día 17 de febrero, una de las personas que denunció actos de Tortura en su contra, pidió el permiso del acceso mediante oficio dirigido a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

A pesar de las gestiones realizadas, las respuestas que recibió el Frayba fueron la negación y restricción, por parte de las autoridades penitenciarias, para llevar a cabo nuestro trabajo de documentación y defensa de los derechos humanos. Con esta negativa impiden recibir los testimonios de manera directa, de las posibles víctimas de tortura, que se encuentran en El Amate.

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El Frayba tiene el temor fundado de que las personas víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos que están recluidas en el Cerss 14, , se encuentren en una situación de vulnerabilidad y al denunciar estos actos, sean sujetos de más amenazas, aislamiento y/o traslados injustificados como mecanismos para generar miedo en las víctimas y sus familias, tal y como ha sido el patrón de actuación de las autoridades penitenciarias.

Finalmente, el Frayba argumenta que la Comisión Interamericana ha señalado que “las y los defensores ejercen el necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, lo cual los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera y por ello cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.

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