Tuxtla Gutiérrez, 8 de octubre de 2019.- El Poder Judicial del Estado de Chiapas participó en el encuentro nacional de Defensoría Pública, un evento que posiciona la garantía del acceso a la justicia en el marco del respeto a los derechos humanos.

Estas capacitaciones y actualizaciones en las que participa el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chiapas, afianzan la política que ha implementado el magistrado presidente de esta casa de la justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios a continuar proporcionando una defensa pública eficaz, respetuosa de los derechos humanos, profesional y gratuitamente.

La ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato, fue sede de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana, en la cual el Poder Judicial del Estado de Chiapas estuvo presente y participó a través de su Instituto de Defensoría Pública del Estado a cargo de Jorge Alberto Selvas Culebro.

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Durante tres días de asamblea, se impartieron diversas conferencias con temas relevantes al acceso de justicia, tales como: Derecho a la Defensa, Defensa Pública y Derechos Humanos, Ética de la Persona y la Triple Naturaleza de la Defensoría Pública, Tutela Judicial Efectiva, Acceso a la Justicia y Debido Proceso de Ley en dos fuentes: nacional e internacional, la Defensa Pública e el Sistema Estatal Anticorrupción.

Esta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana contó con la presencia de la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez, quien anunció que en breve tiempo se llevará a cabo una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los 32 titulares de las Defensorías Públicas Estatales para atender las necesidades de las mismas.

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Cabe recordar que la misión de dichos institutos es garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública adecuada y la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a la población más desprotegida del Estado, que no se encuentra en condiciones económicas de atender por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el Estado de Derecho.