Presenta Poder Judicial el libro Derecho a Asistencia Jurídica Gratuita en México

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Tuxtla Gutiérrez.- En la Sala de Presidentes del Poder Judicial del Estado de Chiapas fue presentado el libro Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita en México, un texto dirigido a servidoras y servidores públicos que documenta la relevancia de ejercer una impartición de justicia cercana a la gente y apegada a Derecho.

Previo al evento, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios explicó que el estudio de la impartición de justicia a la luz de las necesidades sociales contemporáneas, expuesto por el académico José Javier Estrada Contreras es una propuesta robusta que mucho abona al ejercicio práctico de la impartición de justicia.

Particularmente desde el papel de la asistencia y defensoría pública, señaló, en ellas abrevan las razones históricas de la atención y el respeto a los derechos humanos, incluidos los recientes renfoques de la niñez como principio superior en la impartición de justicia.

“Tenemos un Estado donde, gracias a la coordinación respetuosa de las autonomías del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial construyen una nueva realidad donde la impartición de justicia es una prioridad para coadyuvar en el desarrollo de las y los chiapanecos”, dijo Trinidad Palacios.

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Al presentar el libro, el director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial, Alberto Selvas señaló que la gratuidad del servicio en Chiapas está garantizada y representa una manifestación de responsabilidad judicial.

Por su parte el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Carlos Natarén Nandayapa, expuso que el estudio del documentalista José Javier Estrada Conteras detalla una visión periférica de la impartición de justicia en México y América Latina, a partir de la cual es necesario redimensionar el papel de la asistencia gratuita.

Dijo que la asistencia jurídica, como la defensoría pública son quehaceres inherentes a la práctica procesal, sobre todo en el contexto de subdesarrollo de los pueblos emergentes donde subyacen necesidades básicas y se encuentran también carencias que pudieran condicionar el ejercicio del Derecho.

En su participación, el magistrado de la primera Sala Regional en Materia Penal Tuxtla, Adrián Sánchez Cervantes realizó un análisis del libro y la exposición, donde destacó el papel crítico constructivo del documento que permite observar necesidades directas a la labor previa del juzgador.

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En tanto, en el marco del evento organizado por el Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial, el autor y documentalista José Javier Estrada Contreras, recordó que la reforma constitucional en materia penal, de fecha 18 de junio de 2008, introdujo en el Artículo 17 de la Carta Magna la obligación del Estado Mexicano de garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública para la población.

En la monografía del documento pueden observarse referencias de la obra que no se circunscribe a comentarios de ley, sino que se adentra en su pasado histórico, argumenta mediante el uso de figuras propias del Derecho Procesal y profundiza en el estudio de los distintos elementos que conforman la institución jurídica.

El autor José Javier Estrada Contreras es Doctor en Derecho mención “Cum Laude” por la Universitat Jaume I, de Castellón de la Plana, España; es Licenciado en Derecho en España, por examen de homologación ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán.

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En el servicio público se ha desempeñado además como director general de Atención a Víctimas del Delito en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR; Magistrado Electoral Suplente en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y Magistrado Suplente en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa; Consejero Electoral Suplente en el Consejo Distrital 04 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Yucatán, así como Coordinador General de Procesos en la Defensoría Legal del Estado de Yucatán.